¿Por qué es indignante la Ley de Amnistía

Esta ley, propuesta por el Congreso de la República y ratificada y promulgada el 13 de agosto por la actual "presidenta" y su equipo, busca blindar a responsables de graves violaciones a los derechos humanos. Hablamos de personas —principalmente miembros de las Fuerzas Armadas— que, entre 1985 y 2000, perpetraron violaciones sexuales, torturas físicas y psicológicas, y asesinatos contra personas inocentes. Este fue el período en el que gobernaron Alan García y el dictador Alberto Fujimori.

Quienes defienden esta norma alegan que actuaron en “autodefensa”. Sin embargo, la pregunta es inevitable: ¿En defensa de quién? ¿A quiénes protegían y de quiénes nos estaban “defendiendo”?

¿Todas las personas asesinadas, violadas o torturadas eran parte de Sendero Luminoso? ¿Todas pertenecían al MRTA?
¿Acaso el niño que murió en la pollada de Barrios Altos era responsable de la violencia terrorista?
¿Las más de 2,000 mujeres y hombres esterilizados sin su consentimiento eran una amenaza?
¿La periodista Melissa Alfaro, asesinada con un sobre-bomba, era una “enemiga” a la que había que eliminar?
¿Los estudiantes y el profesor desaparecidos y asesinados en La Cantuta portaban armas?
¿Las víctimas de las masacres de Putis, Accomarca, Barrios Altos, Socos y tantas otras eran combatientes?

Esta ley es, en la práctica, una burla a la memoria de quienes fueron víctimas inocentes. Quien la defiende se convierte en cómplice directo de la impunidad. No son héroes, no defendieron a ninguna patria ni a ninguna nación. Fueron violadores, torturadores y asesinos que deben responder por sus crímenes.

Es también una falta de respeto al dolor y al duelo de sus familias, así como una agresión a las personas sobrevivientes que aún cargan con el trauma de las violaciones sexuales y las esterilizaciones forzadas.

No solo rechazo y repudio esta ley, convoco a todaes a no olvidar lo ocurrido. A recordar qué sucedió, quiénes fueron responsables y a narrar esta historia de manera honesta, sin maquillajes ni revisionismos.

El Estado —sea de izquierda o de derecha— siempre es responsable absoluto en un conflicto armado, y con mayor razón cuando actúa fuera de los márgenes democráticos. No olvidemos el nombre de las víctimas, pero tampoco los nombres, apellidos y rostros de las más de 156 personas condenadas por delitos de derechos humanos, ni de las más de 500 procesadas que hoy pueden no solo ser liberadas, sino incluso volver a ocupar cargos de poder.

No olvidamos a este Congreso ni a la presidenta que avaló esta afrenta.

A las familias y sobrevivientes de la dictadura fujimorista, les abrazamos con fuerza. Les decimos que aquí estamos y que seguiremos rugiendo para que un insulto de esta magnitud no se repita nunca más. Y, como mínimo, para que no olvidemos la verdadera historia.

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La Ley de Amnistía también legitima el “terruqueo”

Detrás de esta ley hay una legitimación explícita del terruqueo. Durante el período en el que se cometieron estas atrocidades, el fujimorismo y las derechas instalaron discursos y narrativas, difundidas masivamente por los medios de comunicación, que colocaban como “enemigo” o “terrorista” a cualquier persona que cuestionara las decisiones del régimen dictatorial.

Esa narrativa ha sido heredada por nuestras generaciones —millennials y centennials— y sigue viva en el discurso político y social actual. A veces resulta difícil empatizar con personas mayores de 50 años que sostienen este discurso y ocupan posiciones de poder, aunque en muchos casos no hayan tenido acceso a otras fuentes de información más allá de los medios corruptos que alimentaron esta visión durante décadas.

Como consecuencia, aún persiste la creencia de que cualquier persona opositora al fujimorismo, que defienda los derechos humanos o los derechos laborales, es “terrorista” o “cercana al terrorismo”; que el comunismo es equivalente al terrorismo en el Perú. Estas narrativas, además de ser falsas, son profundamente peligrosas.

El terruqueo obstaculiza el acceso genuino a derechos fundamentales, como los derechos laborales; inhibe la capacidad ciudadana de cuestionar y fiscalizar a las autoridades; y desincentiva la participación política, que es un derecho en sí mismo.

La Ley de Amnistía, en este contexto, no solo consagra la impunidad, sino que refuerza y normaliza el terruqueo, borrando la memoria y la verdad. No lo permitamos.

Foto: Siara Horan

Por Fiorella Ferrari Lavalle